La directiva del Presidente que figura en la Orden Ejecutiva 2, ordena "la retirada y la revocación de los nombramientos expedidos por la administración anterior, en violación de la prohibición constitucional sobre los nombramientos de última hora".
La Orden Ejecutiva firmada el 30 de julio establece las condiciones que constituyen "nombramientos de última hora" por la ex-presidenta Gloria Macapagal-Arroyo en "departamentos, agencias, oficinas y organizaciones, incluidas las empresas de propiedad estatal o controladas por el estado".
La prohibición constitucional sobre este tipo de nombramientos entró en vigor 45 días antes del 10 de mayo pasado, fecha en la que se celebraron las elecciones generales.
La Orden Ejecutiva también se refirió el artículo 7, Sección 15 de la Constitución, que establece que "dos meses inmediatamente antes de las próximas elecciones presidenciales y hasta el final de su mandato, el Presidente o el Presidente interino no podrá hacer nombramientos, con excepción de los contratos temporales a puestos ejecutivos donde las vacantes supongan un perjuicio público o pongan en peligro la seguridad pública".
En total, el nuevo gobierno asegura haber detectado 977 nombramientos que denomina como "cuestionables", aunque los nombres de los candidatos, que incluyen subsecretarios y funcionarios de diversos departamentos, no están disponibles todavía.
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