Iqbal indicó que en las zonas donde se han desarrollado los enfrentamientos hay un número indeterminado de minas, artefactos sin explotar y rondas de artillería. Estos explosivos han matado o herido a decenas de personas desde finales de 2008, lo que ha empujado a un gran numero de residentes a emigrar a otras áreas más seguras.
"Muchas de las familias desplazadas están deseando volver a sus hogares y rehacer sus vidas, pero a algunas aún les preocupa su seguridad debido al conflicto no resuelto y a los posibles peligros derivados de estos explosivos", declaró el portavoz del MILF.
Casi con toda seguridad, las conversaciones entre el Gobierno y el MILF no concluirán antes del próximo 30 de junio, fecha en que termina el mandato de la actual presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, así que el ganador de las elecciones del 10 de mayo tendrá que retomar las negociaciones.
Soliman Santos, de la Campaña Filipina para la Prohibición de las Minas aseguró por su parte que harán falta al menos dos años para poder retirar la mayor parte de las minas, bombas, rondas de artillería y proyectiles de mortero sin explotar, aunque sugirió que como medida inmediata se podría empezar a enseñar a las personas desplazadas algunas medidas básicas de seguridad, como la identificación de los explosivos.
El Gobierno filipino ya había llevado a cabo la destrucción de su arsenal de minas anti-personal Claymore. Filipinas seguía de esta manera el ejemplo de la mayoría de los países del mundo, que han ilegalizado el uso y posesión de minas anti-personal por parte de sus ejércitos y ratificaba así la firma en el año 2000 del Tratado de Ottawa, que acuerda la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y aconseja su destrucción.
Las únicas democracias occidentales que aún no han prohibido las minas anti-personal son los Estados Unidos y Finlandia. Otros países, como China, India, Rusia, Israel o Pakistan continúan utilizándolas.
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